Aunque los embalses en Colombia se construyen para generar energía eléctrica, los mismos tienen otros usos complementarios como el turismo, actividades deportivas náuticas, pesca o navegación, lo que aumenta la productividad del recurso.
Este es precisamente el caso del Embalse Peñol-Guatapé, el cual, desde su construcción, modificó la vocación económica de estos dos municipios del Oriente Antioqueño, siendo Guatapé la localidad cuya mayor transformación ha evidenciado.
Por ello, «cuando el nivel del embalse disminuye por debajo del nivel crítico, correspondiente al 70 % de su volumen (1.881 m), también se reducen los ingresos por turismo en el municipio, lo que aumenta las afectaciones en las demás actividades relacionadas con este sector«.
Esa es una de las principales conclusiones a la que llegó un estudio de la Universidad Nacional -UNAL-, sede Medellín, cuyos resultados fueron dados a conocer recientemente. Las afectaciones, señala en segunda línea esta investigación, «no son planificadas ni consideradas por los operadores de los embalses en sus Planes de Manejo Ambiental (PMA), ni por los entes administrativos dentro de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT)».
La situación se hace más crítica porque «no existe un marco jurídico que regule reglamente y permita incluir estas nuevas disposiciones, lo que denota una desarticulación entre actores que no permite un ordenamiento para solucionar el conflicto, que demanda un enfoque de gestión integral del recurso hídrico«, sentencia el estudio.
Aunque la generación de energía no influye en el proceso industrial, los usos complementarios sí sufren el rigor de la sequía de los embalses dejando pérdidas millonarias, afectaciones en el turismo y las actividades relacionadas.
La investigación de la UNAL
Foto: Osbaldo Jaramillo – Universidad Nacional.
La investigación, liderada por Edison Alejandro Jaramillo Gómez, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional, se realizó mediante una metodología cualitativa y cuantitativa. Con el fin de conocer la relación entre el fenómeno y el territorio, desde el punto de vista cualitativo se abordó documentación secundaria y se hizo una revisión histórica de la prensa entre 1991 y 2018, periodo en que el embalse tuvo los niveles más bajos.
«La relación entre el nivel del embalse y el turismo no es proporcional, sino que se manifiesta solo cuando el embalse toca niveles particulares (por debajo del 70 %)».
También se entrevistó a los actores inmersos en el conflicto, dentro de los cuales se encontraron varios representantes tanto del gobierno local de años anteriores como del sector náutico, del Ministerio de Transporte y de la comunidad.
Cualitativamente los datos obtenidos fueron muy escasos, pues según el investigador en la región existe muy poca información consolidada sobre el turismo, por lo que se basó tanto en fuentes secundarias como en la cantidad de pasajeros movilizados por el embalse.
Esto evidenció que «la relación entre el nivel del embalse y el turismo no es proporcional, sino que se manifiesta solo cuando el embalse toca niveles particulares (por debajo del 70 %)».
Agrega que, «a medida que el embalse baja el nivel del agua contenida (60 %), el conflicto aumenta llamando la atención de la comunidad y la opinión pública. Cuando el nivel llega al 50 % se considera una afectación alta y se comienzan a impactar los ingresos de quienes trabajan en el sector turístico», revela el estudio de la institución de educación superior.
Necesidad de articulación de actores
Aunque dentro de las alternativas que contribuyen a disminuir las afectaciones, el estudio resalta proyectos como la ampliación del malecón de Guatapé -el cual, en todo caso, también está articulado con el paisaje del embalse-, y la diversificación turística por medio de otros atractivos que rompen la dependencia del embalse, como la transformación estética y urbana de la zona, también señala la desarticulación de actores como un factor que no permiten afrontar idóneamente esta situación.
En esta realidad territorial -analiza la UNAL- están involucrados varios actores, entre ellos la autoridad ambiental, el gobierno local, Empresas Públicas de Medellín (EPM), MinTransporte (como regulador fluvial), el sector comercio y la comunidad, «quienes a pesar del conflicto han logrado convivir desde 1991, cuando se vivió la primera sequía en la región, pero sin lograr una articulación que permita confrontar el conflicto cuando se presenta», señala.
“Lamentablemente las constructoras y los operadores de los embalses no contemplan incluir dentro de sus beneficios o desventajas la explotación de los usos complementarios, por lo que la mayoría de recursos y esfuerzo se concentran en la fase de construcción y no tienen en cuenta lo que pasa con el embalse a lo largo de los años”, concluye el magíster.
